Bogotá, 27 de agosto de 2020.- Tres personas resultaron asesinadas en el Catatumbo colombiano, y elevan a ocho el número de asesinados colectivos que ocurridos en Colombia las ultimas semanas.
La masacre ocurrió contra tres hombres adultos, y murieron a tiros el martes en una zona rural del municipio de Ábrego (Norte de Santander); y sus cuerpos encontrados apilados al borde de la carretera que conduce al caserío de Capitanlargo.
Este caso es la octava masacre perpetrada en Colombia en las dos últimas semanas; matanzas que han acabado con la vida de 40 personas en zonas azotadas por la violencia; de Arauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
Los asesinatos en el Catatumbo hacen parte del recrudecimiento de la violencia por la confrontación entre grupos armados como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl); esta última dedicada al narcotráfico, que se declararon la guerra tras la desmovilización de las Farc.
La disputa por el territorio, un corredor estratégico para las bandas dedicadas a las economías ilícitas; donde hay alrededor de 1.500 hectáreas de hoja de coca sembradas; pone en peligro la vida de 250.000 personas de la región que son obligadas a desplazare en algunos casos; o quedan bajo el fuego cruzado o atrapadas en sus casas por los «paros armados» que hacen ambas guerrillas para mostrar quién tiene más poder.
En esa guerra también se enfrentan organizaciones criminales y grupos paramilitares; como los Rastrojos, el Clan del Golfo o la disidencia del frente 33 de las Farc.
Preocupación en Colombia
Entre el 1 de enero y el 30 de junio en el Catatumbo ocurrieron 72 violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; según un informe elaborado por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y la Asociación Minga; que denunció además la falta de presencia estatal evidente en la precariedad de los servicios públicos.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó ayer a Ocaña, la principal ciudad de la zona, para presidir un consejo de seguridad; en el que analizó con autoridades locales la información que se tiene de la matanza en Ábrego y del orden público en general.
«El conflicto, la ilegalidad y la violencia hacen parte de la cotidianidad de la comunidad, pero hay mucho miedo. La gente está muy alarmada (…) Hay una oleada de masacres en el país y todo eso genera temor y desconfianza», agregó.
Asimismo, Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional; reconoció que existen dificultades para garantizar el acceso a la justicia, un déficit de garantía de derechos económicos, sociales y culturales para las comunidades; y que la ausencia del Estado se traduce en la falta de servicios esenciales para la gente.
También dice que, la solución para esas áreas está en «acelerar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)»; una iniciativa del Gobierno que busca la transformación en un periodo de 15 años; de los 170 municipios más afectados por la violencia, por los cultivos ilícitos, la pobreza y el abandono estatal.
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