Por LUIS ERNESTO OLAVE
Desde enero de este año he buscado publicar esta denuncia. La primera vez que lo intenté, recibí amenazas que me obligaron a salir de mi amado Chocó. Sin embargo, no es hora de callar y por eso, antes de empezar, hago un reconocimiento especial a Gonzalo Guillén y a Daniel Mendoza, quienes constantemente me animan a seguir luchando por la defensa de los territorios y por los derechos de las comunidades ancestrales.
En diciembre de 2019 me buscó un alto funcionario del gobierno de Iván Duque (fuente anónima, por seguridad propia) para hablar de la situación del Chocó, pero cuando nos entrevistamos en Bogotá, me sorprendió diciéndome que le ayudara a identificar tierras para comprar en Nuquí (Chocó), porque allá era donde iba a estar “el negocio”. Le pregunté el por qué y le pedí que me explicara qué estaba pasando. Me contestó que el entonces senador, Álvaro Uribe, había reunido a algunos funcionarios y congresistas que apoyaban al actual Gobierno y ordenó que el Puerto de Tribugá se hiciera a como diera lugar, pidiendo que se activara lo necesario para sacar el proyecto adelante.
En ese preciso instante recapitulé toda una historia de terror, protagonizada por la fábrica de muerte instaurada durante los gobiernos de Álvaro Uribe, en adelante el Matarife’, entre 2002 a 2010, así como lo que estamos presenciando con el actual gobierno de su pupilo, Iván Duque Márquez.
En el primer periodo de gobierno de Uribe Vélez, a partir de 2002, se empezó a fraguar el maléfico plan diseñado por Darío Prado Misas, un arquitecto que se desempeñó para esa época como asesor del Ministro de Transporte para la región del Chocó. Prado ilustró dicho plan al periodista Juan Álvarez, quien a su vez me confió esta información, con el fin de hacer algo para detener los planes perversos del ‘Matarife’, en contra del territorio chocoano y su población.
El Ministro de Transporte de los dos gobiernos del ‘Matarife’, Andrés Uriel Gallego, quien también fue Secretario de Obras Públicas de Antioquia cuando el ‘Matarife’ se desempeñaba como Gobernador de ese departamento, tuvo como hombre de confianza a Darío Prado, su asesor, quien dijo en la entrevista que dio en Medellín a mi amigo periodista Juan Álvarez – quién comprometido con la vida me pidió revelarla -, que no pasaba nada en el Ministerio sin que él lo supiera. Prado fue el mismo que formuló el Plan Arquímedes, un conjunto de proyectos que contempla la construcción de vías terrestres y fluviales, un puerto y negocios multimillonarios para atender la infraestructura portuaria en Tribugá, en el municipio de Nuquí (Chocó). Esto es, hoy, la creación de un nuevo triángulo de oro en Colombia, que pretende poner al país como un fuerte competidor en el mercado del Pacífico; es decir, frente a China y Japón.
La idea del Puerto es establecer un corredor para importaciones y exportaciones más baratas, evitando pagar los costos que supone la mediación de Panamá. Prado ha aclarado que se trata de un plan estratégico y no de un proyecto. Es decir, presentó a Arquímedes como un Plan de Estado – alineado al modelo feudal – que busca estratégicamente la expansión de Antioquia y Risaralda, colonizando territorios chocoanos para tener salida directa hacia el Pacífico.
Además, Darío Prado confirmó que se hicieron sobornos a líderes de algunas comunidades, mediante la modalidad que este exfuncionario del Ministerio de Transporte bautizó “el favor social”, buscando obtener el apoyo de los líderes de las comunidades Afro en las Consultas Previas. La Consulta Previa es un proceso que deben surtir los gobiernos y/o las empresas que busquen desarrollar proyectos que afecten las vidas y los territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas y, realizarlas con estas comunidades, es un deber de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de trabajo (OIT) y ratificado por este país a través de la Ley 21 de 1991, incorporándose dentro del Bloque de Constitucionalidad. La esencia del Convenio es proteger la Autonomía y la Autodeterminación de estos Pueblos, para lo que el ejercicio pleno de los derechos sobre su territorio, resulta fundamental.
Tanto el derecho fundamental a la Consulta Previa, libre e informada, así como el derecho fundamental que tienen estas comunidades al Territorio, han sido históricamente vulnerados y atacados por la clase política tradicional en Colombia, buscando su eliminación o deformación dentro del ordenamiento jurídico interno, como lo pretendió Germán Vargas Lleras cuando en el 2010, dijo que los pueblos afrocolombianos e indígenas eran el palo en la rueda para el desarrollo del país; desarrollo que, valga la aclaración, es el mismo que destruye el medio ambiente, los territorios y a las comunidades que a estos pertenecen, en busca de intereses económicos para favorecer a esa minoritaria clase política colonialista y despojadora a la que pertenece el ‘Matarife’.
Para llegar a Tribugá hicieron un río de sangre
El temerario Plan Arquímedes se consolida por orden del ‘Matarife’ en noviembre de 2006, bajo el nombre de Sociedad Portuaria Arquímedes; pero es importante resaltar que, como lo dijo el mismo Darío Prado Misas en la entrevista a Juan Álvarez, Arquímedes no es un proyecto, es un sistema integral que va más allá del Puerto, en donde éste hace parte de un sistema que requiere de otras articulaciones, las cuales quedaron, todas, en manos de la poderosa Sociedad Arquímedes, una organización empresarial privada de economía mixta, hoy encargada de construir el Puerto marítimo de aguas profundas en Tribugá (Chocó), así como el Tren Regional del Chocó – que funcionaría entre los municipios de Quibdó y Nuquí -; el Puerto Turístico Marina de Tribugá, la Zona Franca Multiempresarial de Quibdó y Nuquí (en este punto se comprende por qué muchos funcionarios y allegados al Matarife, hoy están desbandados en busca de terrenos en la región, el negocio está ahí), entre otros. Pero el impulso no le alcanzó durante su gobierno de 2006 a 2010, en donde, a pesar de los sobornos o “favores sociales” mencionados por Darío Prado, no lograron su cometido de convertir a Nuquí (Chocó), en la Ciudad Puerto para el Eje Cafetero y Antioquia.
Llegó el gobierno Santos con otra prioridad, pero con un vicepresidente igual de ambicioso al ‘Matarife’, Germán Vargas Lleras, quien hizo reuniones con la gobernación de Risaralda en el 2014, dándole opción a este departamento de presentar inversionistas para la construcción del puerto. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno Santos en materia portuaria se enfocaron en la ampliación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y la construcción de puerto de agua dulce, lo que también dejó muertes de líderes como Temístocles Machado, (tío abuelo mío a quien vi un año antes en el funeral de uno de los últimos de la generación, Leopoldino Machado), quien defendía su territorio ancestral Afro, en donde no quisieron hacer consulta previa.
Posterior a esto, continuaron las reuniones que buscaban posicionar el Proyecto Arquímedes, pero la situación en la región chocoana, donde pretenden construir el puerto de sangre y las vías de infraestructura, se agravó cuando William Naranjo Quintero, gerente nombrado para dirigir este plan de muerte, manifestó su postura de apoyo a los paramilitares en el marco de una sesión de la Asamblea de Risaralda el 10 de octubre de 2017, donde manifestó:
“(…) los discursos ambientalistas no son siempre de ambientalistas, yo los respeto mucho pero a veces, y más en estas zonas como el Chocó hay unos corredores rojos y ustedes saben a qué me refiero, que precisamente los dueños de esos corredores son los que mandan emisarios para que camuflándose de discursos ambientalistas (sic.) entorpecer (sic.) algunos proyectos, y eso lo han identificado las comunidades (…)” (Acta No. 46 Tercer Periodo De Sesiones Ordinarias / octubre 10 De 2017 / Asamblea Departamental De Risaralda).
Estas palabras fueron un grave señalamiento hacia los líderes sociales que defendemos la Consulta Previa y los territorios afro e indígenas, estigmatizándonos como, por lo menos, colaboradores de la guerrilla del ELN que opera en el territorio. Adicionalmente, su afirmación “eso lo han identificado las comunidades”, significaba que los paramilitares, que también han hecho presencia constante en el territorio, habían identificado a los líderes y lideresas sociales, coincidiendo con la agudización del derramamiento de sangre, los desplazamientos forzados y confinamientos de las comunidades de la región, de manera paralela a la llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República – en representación de los intereses del ‘Matarife’ y su cuestionado ramillete de amigos y servidores -. Se consolida, entonces, el ensanchamiento del caudal del río de sangre que atraviesa desde Bojayá, Medio Atrato, Alto Baudó, Bahía Cupica y llega a desembocar en Tribugá.
Pero esto no termina aquí, miren quiénes hablaron del puerto de Tribugá en plena campaña presidencial y comprenderán a quiénes les ha interesado alimentar estos ríos de sangre y corrupción, que bañan a la costa pacífica chocoana.
Este río de sangre desemboca al mar que el ‘Matarife’ está tiñendo de rojo y pronto van a conocer sus afluentes.
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