Bogotá, 27 de febrero de 2020.- El informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las ONU (AcnuDH), dice que en Colombia existe “un nivel de violencia endémica”.
En 2019 se registraron en el país 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, lo que sería la cifra más alta registrada por esa oficina desde 2014.
El informe de la ONU dice que «Una masacre, según la definición de la AcnuDH, ocurre cuando tres o más personas son asesinadas en el mismo hecho (lugar y momento) y por el mismo presunto perpetrador».
Los principales responsables de estos hechos, según las 1.151 misiones al terreno realizadas por la ONU, serían grupos criminales como el ‘clan del Golfo’, el Eln y ‘los Caparrapos’, que, en medio de la disputa por el control de economías ilícitas, asesinaron a 108 defensores de derechos humanos.
Sobre los asesinatos de Líderes sociales
Para el informe, es de particular preocupación las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. Estadísticamente, 55% de los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. En este punto se indica que hubo incremento de los casos de «presuntas privaciones arbitrarias de la vida», y de «graves violaciones de los derechos humanos de niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado”.
Ausencia del Estado
El organismo de la ONU fue enfático al decir que «hay ausencia de instancias del Estado en varias regiones del país» y en otras la presencia es «insuficiente». El informe reconoce que el gobierno creo
“Cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ para atender el vacío. No obstante, la AcnuDH observó que afirma que la presencia estatal en estas zonas es predominantemente militar, y «el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”,
El Esmad criticado
La AcnuDH también pidió al Estado colombiano iniciar “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”. También recomendó que ese organismo de seguridad sea pasado al control del Ministerio de Interior.
Proceso de paz
El informe pide al Estado colombiano que siga avanzando en «la implementación simultánea e integral de todos los puntos del acuerdo de paz», especialmente con respecto a las disposiciones sobre el enfoque étnico y de género, y a la participación de las víctimas, «con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición». Así mismo, instó al Estado a incrementar los esfuerzos para establecer una mayor presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales. Y recomendó a la Fiscalía General de la Nación seguir investigando las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos.
Para finalizar, el informe recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección usando la Unidad Nacional de Protección; y pidió asignar recursos financieros suficientes con el fin de atender las causas estructurales de la violencia.
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