Luis Emil Sanabria, de Redepaz, explica la historia de un territorio que conoce de bonanzas y no logra salir de la pobreza, la violencia y el abandono.
El sur del departamento de Bolívar fue colonizado entre los años 50 y 60 del siglo pasado por campesinos provenientes principalmente de los Santanderes, Cesar, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia; fueron migrantes y desplazados que llegaron en busca de paz y de un mejor futuro, la mayoría refugiados de la violencia entre conservadores y liberales.
El trueque y el préstamo de productos agrícolas y pecuarios entre vecinos era la forma predominante de comercio, las casas se construían en comunidad y, a tiempo cambiado, el convite era la forma de expresar la solidaridad. El último sábado de cada mes era para los mandatos, para la limpieza de caminos u otras actividades colectivas; cuando de la salud se trataba, se recurría a las ramas medicinales, los secretos o conjuros, a los sobanderos, a las parteras. La educación estaba encargada a los mayores o a alguna persona que sobresaliera en conocimientos, las familias aspiraban a que sus hijos aprendieran a leer, escribir y conocer las cuatro operaciones de matemáticas.
En los 60, se inicia la explotación de la madera para comercio. En adelante, la mayor cantidad de provisiones alimenticias dependía de los centros poblados. Éstas llegaban a los aserraderos y eran cancelados con madera, generando dependencia exterior. A finales de la década de los 60, en zona de guerrillas liberales entre el sur de Bolívar y Santander, hizo presencia el Ejercito Popular de Liberación-EPL, experiencia efímera de esta guerrilla.
Desde mediados de los 70 hasta los años 80, surgió la bonanza marimbera. Esta actividad económica ilegal insertó en la población la cultura del narcotráfico, caracterizada por las parrandas, el consumo de licor y el porte de armas, generando descomposición y ruptura de la convivencia comunitaria. El dinero ingresaba en abundancia y alcanzaba para todo tipo de alimentos, impulsando la dependencia alimentaria. Cuando el negocio de la marihuana entró en declive, la región quedó empobrecida y sin producción agrícola, lo que incentivó que muchas familias emigraran y dejaran abandonadas sus parcelas.
Es por esta época que hace su ingreso a la zona el Ejército de Liberación Nacional-ELN, en cabeza de Lara Parada. Esta guerrilla impulsó el autosostenimiento alimentario y realizó lo que ellos llamaron “limpieza de algunas bandas criminales herederas de la bonanza de la marimbera”. Luego de un breve abandono de la región, se consolidaron y coparon el territorio desde la Serranía de San Lucas.
Nuevamente volvió la actividad agrícola en gran parte del territorio; el cultivo del frijol se hizo predominante y se convirtió en una pequeña bonanza parecida a las anteriores. Se empezó a depender de productos traídos de los centros poblados del sur del Cesar y la provincia de Ocaña; la comunidad se vería nuevamente vulnerada.
En 1983, hizo su ingreso la guerrilla de las FARC y, en 1994, una guerrilla poco conocida, el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo- ERP. A finales de los años 80 y principios de la década de los 90, se generó otra bonanza en la región de la mano de los cultivos de coca, con toda su carga de deculturización, representada en las parrandas, el consumo de licor, el uso de armas de fuego, los conflictos violentos, los asesinatos y la prostitución.
Este nuevo cultivo de coca fue impulsado inicialmente por las FARC, quienes a su vez controlaban la producción y monopolizaban los precursores químicos, generando una dependencia del exterior tanto para provisionar como para comercializar la producción. La violencia contra el territorio creció a la par del aumento del pie de fuerza de militar y de policía del Estado.
En 1998, incursionaron los grupos paramilitares, con el nombre de Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de alias Julián Álzate. Fueron épocas de bombardeos, masacres, desplazamientos, asesinatos, persecución, señalamientos, extorsión, secuestros, y de ruptura casi total del tejido social. La confrontación entre los actores armados ilegales era constante, unos por controlar el territorio y su gente y otros por el control de la producción de la coca. Los grupos paramilitares se apoderaron a sangre y fuego de casi todo el negocio del narcotráfico en la región.
En los 90 y a comienzos del nuevo siglo, tomó fuerza la explotación de oro. Pobladores colonos y visitantes, cuyos cultivos de coca y otros de pan coger, habían sido fumigados con glifosato, y algunos comerciantes de las cabeceras municipales que habían fracasado, iniciaron la explotación y comercialización de oro, la cual trajo nuevos conflictos sociales y comunitarios derivados de la alta contaminación generada por elementos químicos utilizados en la extracción como el mercurio, que, arrojados a las fuentes de agua, acabaron con muchas especies de peces y tuvieron efectos teratogénicos sobre los animales, incluidos los seres humanos.
Paralelo a esta grave situación, la entrega de títulos de propiedad minera por parte del gobierno nacional a agentes externos y empresas nacionales y multinacionales generó reacciones legítimas de los mineros locales que exigen la derogación de ellos. Estas acciones jurídicas y de movilización están siendo adelantadas principalmente por la Federación Agrominera, organización social que aglutina a mineros y agricultores. Así, los habitantes de la zona han podido adquirir algunos títulos y han fortalecido su tejido social y comunitario.
El comercio del oro sigue sin formalizarse y depende de externos que se llevan las utilidades. Existe un bajo registro del oro extraído, lo que a su vez genera un bajo porcentaje de las regalías que llegan a los municipios productores. El mayor porcentaje de títulos mineros se encuentra en manos de particulares externos a la región. Otras áreas han sido solicitadas por multinacionales, lo que, conforme a la legislación nacional, vulnera los derechos de los mineros tradicionales, que no cuentan con el apoyo tecnológico y de capital que les permita hacer minería de bajo impacto medio ambiental y de alta rentabilidad o desarrollar otros proyectos para la generación de ingresos ligados a la agricultura, la pesca o la ganadería. Se estima que esta región posee el segundo yacimiento de oro más grande de América Latina y produce el 30% del oro que se genera en el país, es decir, cerca de cinco toneladas año.
En 2006, el Bloque Central Bolívar de las AUC desmovilizó dos mil quinientos (2.500) integrantes en el municipio de Santa Rosa. En la actualidad, hacen presencia en la zona grupos paramilitares que se han identificado de diferente manera: Rastrojos, Águilas Negras, Paisas, Autodefensas Gaitanistas.
Con el proceso de paz adelantado con las FARC-EP, se desmovilizaron sus estructuras en la zona y se avanza con muchas dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz. Se han presentado ataques y asesinatos a excombatientes comprometidos con la implementación del Acuerdo.
Hoy, el sur de Bolívar es la única zona de la región centro (Antioquia, Córdoba y Bolívar), que reportó aumento de las áreas cultivadas de coca, según el informe de las Naciones Unidas de 2019, con cerca de 10.000 hectáreas sembradas.
En la zona, se identifican valiosos procesos ciudadanos de resistencia y paz. La Zona de Reserva Campesina que obtuvo reconocimiento del INCORA en 1999 y la Asamblea Popular Constituyente de Micohaumado son evidencias de las capacidades y la fortaleza de un pueblo que anhela vivir en paz y que cree en la defensa del territorio para alcanzar la sostenibilidad y la autonomía suficientes para superar las violencias y el conflicto armado.
Por eso, retomar las bondades del Acuerdo de Paz, con su reforma rural integral, de la reparación integral a las víctimas, especialmente a los sujetos colectivos, adelantar el proceso de conversaciones con el ELN y desarticular las bandas criminales ligadas al naroctráfico y al paramilitarismo son tareas inaplazables en una zona que clama hace muchos años salir de la pobreza, la violencia, la corrupción y el abandono.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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