Caracas, 07 de agosto de 2020.-
La ONG Amnistía Internacional se pronunció por el reciente hecho que involucró a 165 venezolanos que fueron expulsados de Trinidad y Tobago por autoridades de la nación insular.
Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, declaró que “No es ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago criminalizan la entrada irregular en el país, lo cual es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional«.
A juicio de Tillotson «las autoridades de Trinidad y Tobago están promoviendo un discurso xenófobo, que asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus de la COVID-19 de una manera que entraña el peligro de crear una mayor estigmatización y discriminación contra gente que necesita protección internacional».
Instó a buscar soluciones, «las autoridades deben trabajar con ONG, agencias de la ONU y las decenas de miles de personas venezolanas que han hecho de Trinidad y Tobago su hogar en los últimos años para encontrar soluciones que cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Trinidad y Tobago.”
Durante el mes de julio, los medios de comunicación informaron repetidamente de que las autoridades de Trinidad y Tobago han detenido y puesto en cuarentena a personas venezolanas.
Expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos -Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional.
En una conferencia de prensa celebrada el 25 de julio, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago declaró que “los inmigrantes ilegales”, “la gente que llega por mar” y los empresarios que “trafican” con esas personas constituyen un riesgo potencial para la salud y han establecido una línea telefónica de emergencia para que la gente denuncie. También declaró que las personas venezolanas que se registraron y recibieron permiso legal de residencia y el derecho a trabajar en virtud del denominado proceso de “amnistía” iniciado por el gobierno en 2019 podrían ver revocado su permiso de residencia y ser expulsadas si se descubría que “daban cobijo” a migrantes en situación irregular. También podría someterse a cargos penales a los arrendadores que estén alquilando propiedades a migrantes en situación irregular, añadió el ministro.
El 27 de julio, la policía de Trinidad y Tobago difundió en Facebook folletos que decían que la “inmigración ilegal” podía provocar una “nueva oleada de COVID-19” y pedían a la población que denunciara las “actividades sospechosas”.
Antes de eso, la ONG local Centro Caribeño de Derechos Humanos pidió al gobierno que ayudara a las mujeres, los niños y las niñas de Venezuela que pudieran haber sido tratadas hacia Trinidad, en lugar de proceder a su devolución; esa ayuda incluye darles acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes.
Amnistía Internacional considera que esta nueva amenaza de las autoridades de criminalizar a las personas refugiadas —y, en algunos casos, a quienes las ayudan— entraña el riesgo de que estas personas se oculten aún más, y se alejen así de los servicios de salud que podrían proteger a toda la población.
Nota de Examen Onu Venezuela
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