Hoy, ante una cuarta ofensiva genocida, los Barí enfrentan su invisibilidad, el permanente asedio al territorio y las agresiones a su cultura y estilo de vida, con una débil organización institucional y una muy fuerte estructura ancestral comunitaria.
El Territorio es el origen del hoy, la construcción del mañana. Es la otra mitad del Barí, es la vida, el reflejo de los ancestros, es la historia de una lucha, es leyenda viva. Eso lo saben los jóvenes y lo retienen con su cuerpo, con su razón, con sus sueños, con su memoria.
Plan de Vida Barí, 2003
La segunda ofensiva contra el pueblo Barí, en el marco del genocidio iniciado desde la época de la colonización española y alemana, comienza en 1905 cuando el gobierno le otorgó al general Virgilio Barco M, padre del expresidente Virgilio Barco V, la concesión para explotar hidrocarburos en el territorio ancestral que se extendía por las cuencas de los ríos Catatumbo y Zulia. Bajo esta figura, no solo se profundizó el despojo territorial, sino que, acompañados por los religiosos capuchinos enviados en 1910 por el Gobierno nacional, seguidos de las misioneras de la Madre Laura y otras misiones evangelizadoras, se inició el despojo cultural y espiritual.
En enero de 1918, el General Barco M. vendió, con la aprobación del Gobierno, los derechos de la concesión a un consorcio norteamericano denominado Carlb Syndicate, que a su vez los revendió hasta que cayeron en poder de la Colombian Petroleum Company – Colpet. Detrás de la explotación de hidrocarburos, llegó la ampliación de la frontera agrícola y el surgimiento de grandes haciendas y con éstas el comercio de indígenas. Eran épocas de resistencia desigual en donde los Barí fueron despojados de la mayor parte de su territorio.
En junio de 1931, se expidió la Ley 80, mediante la cual el Gobierno nacional firmó con las empresas norteamericanas Colombian Petroleum Company y la South American Gulf Oil Company- Gulf, un contrato de exploración, explotación y transporte de petróleo, que incluye oficialmente el genocidio contra el pueblo Barí. “El Gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario”.
Fue mediante la Ley plebiscitaria Nº 2 de 1959, producto del acuerdo de reforma constitucional de 1957 entre los partidos Liberal y Conservador, que se estableció la frontera agrícola y las zonas selváticas de reserva forestal y, por primera vez, se evidenció el derecho histórico de los Barí a contar con un territorio propio. La Reserva Forestal Serranía de Motilones se restableció a la vez como reserva indígena con más de 1.200.000 hectáreas.
Pronto esta legislación fue desconocida por los gobiernos del Frente Nacional, los cuales mediante la figura excepcional y arbitraria de las “sustracciones” al área declarada, destinaron la mayor parte de este globo catalogado como “baldío” a diversas clases de propietarios privados y, en algunos casos, a campesinos marginados. Las sustracciones disolvieron en la práctica la reserva forestal, distorsionando el propósito de la ley plebiscitaria. Se dio inicio a una tercera ofensiva contra el pueblo Barí.
Entre 1974 y 1982, los gobiernos establecieron relictos de selva destinados a reservas indígenas declaradas y tan solo 113.000 hectáreas del total reservado se convirtieron a resguardos. Así, más de 10 asentamientos poblados indígenas son establecidos por fuera del resguardo. De las 350.000 hectáreas ocupadas por las 25 parcialidades del Pueblo Originario, la mayor parte sigue sin títulos de propiedad colectiva, muy a pesar de la milenaria posesión ancestral. Los Barí fueron separados, aislados, confinados y su cultura nómada y seminómada, recolectora y cazadora, fue parcialmente remplazada por una cultura sedentaria.
Actualmente, los Barí son un pueblo asentado en un territorio divido entre Colombia y Venezuela con más de 9.000 pobladores, de los cuales aproximadamente 4.800 viven permanentemente en territorio colombiano. Se ubican en la región del Catatumbo, una zona selvática bañada por el río que le da el nombre y que tiene su nacimiento en el páramo de Santurbán. La palabra Catatumbo es un neologismo vernáculo, acuñado por los campesinos ocupantes del Territorio y que se desprende del lenguaje de habla Bariá. En lengua Barí, el río grande donde habita Bidarín (el relámpago) y viven los muchos peces de boca pequeña se pronuncia: Cattatou-Boclli (Boclli, río; Cattatou, pez bocachico), que fue asimilado en su pronunciación defectuosa como Catatumbo.
Hoy, ante una cuarta ofensiva genocida, los Barí enfrentan su invisibilidad, el permanente asedio al territorio y las agresiones a su cultura y estilo de vida, con una débil organización institucional y una muy fuerte estructura ancestral comunitaria. Apenas existen como autoridad tradicional de resguardo. No cuentan con Entidad del Territorio Indígena, menos aún con presencia efectiva en la administración de los cinco municipios que actúan y dividen su territorio.
La invisibilidad pública estatal es tan profunda que, en la Gobernación de Norte de Santander, no existe una oficina de contacto. Relegados en el ostracismo de sus derechos, tan solo la comunidad de Caricachabiquira cuenta con una sede educativa construida con finanzas públicas. La educación étnica apenas empezó a perfilar los contenidos de la propia cultura, y más grave aún, es el hecho de no contar con infraestructura estatal u organización de prestación del servicio de salud, ni redes y servicios de agua potable, aguas servidas y disposición final de residuos contaminantes. Todo aquello que significa calidad de vida producto del servicio público le está negado a los Barí sedentarios. En el mapa político administrativo, no existe referencia a la existencia de los 25 poblados donde habitan los Barí. La desnutrición y la proliferación de enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, y la diarrea acentúan el riesgo de extinción de los habitantes originales del Catatumbo.
Los Barí son un pueblo condenado al genocidio moderno, presentado bajo el sofisma de la locomotora mineroenergética o las zonas futuro, violando la soberanía indígena y su cultura. Acorralados por la presión de las exploraciones de hidrocarburos sin consulta previa, como lo menciona Salinas (2014) en el documento análisis de conflictividades y construcción de paz, del PNUD, invadidos por campesinos empobrecidos y desplazados, sembradores de coca que buscan refugio en su territorio, presionados por los proyectos extractivistas de carbón, oro y coltán, asediados por el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos guerrilleros que irrumpen frecuentemente, los Barí resisten y defienden el territorio.
A pesar de las permanentes perturbaciones que produce el despojo, nada ha podido arrebatarles la paz y la alegría. En su mundo se vive y se defiende la paz social. La fuerte resistencia cultural del espíritu colectivista Barí es escudo resiliente frente al conflicto por su territorio y su cultura. Resistencia resiliente, que debe ser potenciada con la solidaridad y el respeto de toda la sociedad colombiana y mundial, que aprehende las culturas ancestrales como alternativa real de sobrevivencia ante al cambio climático producido por un modelo de desarrollo que colapsa y nos condena a la extinción.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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