Ante los ojos vendados del gobierno de Andrés Pastrana Arango, alrededor de 250 paramilitares adscritos a “La Casa Castaño” movilizados desde Urabá, Ituango, Córdoba y Montes de María, a unos 700 Kilómetros, en siete camiones –sin ser detenidos– cruzaron cinco departamentos hasta el corregimiento de La Gabarra.                  

Tenemos Derechos somos Humanos

El 21 de agosto de 1999, la estructura paramilitar Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a sangre y fuego: asesinaron a más de 100 personas en La Gabarra, veredas y corregimientos cercanos, por todo Tibú, Norte de Santander.

En la Escuela ‘La 35’ en San Pedro de Urabá (Antioquia) a la finca ‘Los Guayabos’ en Tierralta (Córdoba) Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC, dio la orden al nudo paramilitar ‘Los Azules’, cabeza oficial: jefe de bloque Armando Alberto Pérez Betancourt; alias ‘Camilo’, por vía terrestre, cruzar cinco (5) departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar, hasta el corregimiento de San Bernardo, municipio de Tamalameque, en Cesar, se concretó la estrategia para entrar a la región por el municipio de Ocaña, siguieron al municipio de Sardinata, y finalmente se sumaron al Frente La Gabarra, instalado, en Tibú, región al mando de Salvatore Mancuso, jefe general del Boque Catatumbo, en Norte de Santander.

A finales de mayo y comienzos de julio, Tibú registró las primeras víctimas de los “paras”: Socuavo, Los Cuervos, Vetas Central y Aguaclara. Durante esos meses se habían presentado combates con las guerrillas de las FARC-EP, el ELN y el EPL. A esto se sumó otra tormenta – hizo presencia en el corregimiento el Batallón Contraguerrilla (actualmente Combate Terrestre) N°5 ‘Los Guanes’ – el entonces (comandante de base militar) teniente del Ejército Nacional Luis Fernando Campuzano Vásquez, ordeno retirar el retén de la entrada principal del pueblo. Así, ingresaron en agosto a dominar (la salida y ribera del río) ‘Los Azules’ el día de la masacre en La Gabarra:

Era sábado por la noche, como era costumbre las personas del campo bajaban a la zona de tolerancia: billares, cantinas, tiendas, entre otros, establecimientos estaban llenos de gente. Si, el reloj marcó las siete de la noche – se fue la luz, en lista mano: uno a uno eran fusilados, dejando a su paso ríos de sangre, al sembrar el miedo o terror, casa por casa: eran sacados de forma masiva, perseguidos, torturados, asesinados, y a menudo brutalmente decapitados o descuartizados (al ser señalados como presuntos servidores y auxiliadores de las guerrillas) hombres, mujeres, ancianos y niños.

Al amanecer, el número de víctimas ascendía a 37. Y en los alrededores ya llegaba a 40. Hoy, no hay un número oficial de desaparecidos. Dicen que eran enterrados en fosas (con el fin de no incomodar al Gobierno Local y miembros de las Fuerzas Militares) o lanzados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo.

Los responsables de la masacre

A pocos meses de cumplir su primer año de Gobierno Andrés Pastrana Arango, la ONG Minga le advirtió por escrito al Brigadier General Alberto Bravo Silva, comandante de la Quinta Brigada del Ejército impedir el inminente peligro de muerte que se cernía sobre los habitantes de La Gabarra.

Ante éste escenario, el general Alberto Bravo, días después objetó: “no deja de ser una quimera, y en la actualidad un imposible de cumplir…”, a partir de las 0:00 horas asumió el control en la zona el entonces teniente: Luis Fernando Campuzano Vásquez, comandante del Batallón Contraguerrilla N° 46 “Héroes de Saraguro”, adscrito a la Brigada 30 del Ejército Nacional.

Efectivamente, el entonces presidente de la Republica, Andrés Pastrana Arango, anunciaba que la zona amenazada fue controlada y reforzada por tropas del Ejército; ahora, qué clase de medidas se adoptaron en el inútil consejo de seguridad celebrado en Cúcuta.

En la ambigüedad del Gobierno Nacional, se dio la implementación del Plan Colombia, y a puertas de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe Vélez nació el Plan Patriota. Ambos estrictamente amparados en la lucha contra las drogas, pero se trató, obviamente, de una guerra contrainsurgente donde la población civil en zonas estratégicas fue el “enemigo» a vencer por la volatilidad de las políticas de Estado.

Sin lugar a dudas, fue un pretexto que sirvió (de nuevo) para justificar indefinidamente la participación e injerencia del Gobierno federal de los Estados Unidos.

Con Pastrana aumentó el número de asesinatos selectivos, masacres, tortura, desaparición forzada, secuestros, desplazamiento forzado, despojos y extorsiones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, acción bélica, periodo que dejó una alarmante cifra (superada por el sucesor) de 2.314.708 víctimas (Registro Único) en el marco del conflicto armado (social, político); la mayoría de ellos a manos de las fuerzas armadas y estructuras paramilitares en Colombia.   

En la logita de los autores del conflicto nace la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, a paso lento en versiones libres integrantes de las AUC exponen la colaboración, casi total, de autoridades políticas, militares y poderosos sectores de los gremios que favorecieron al paramilitarismo y el narcotráfico, en la región norte del país, y específicamente en el sur con la capital del departamento, San José de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario.

Tras la masacre, han sido condenados miembros del Ejército como la Policía Nacional; aunque la mayoría hoy están en libertad, y se adelantan procesos disciplinarios a altos funcionarios públicos del Estado. Lo cierto es que por años han cometido graves violaciones a la Constitución Política de 1991, el derecho internacional y la Ley.

En este sentido, la justicia no han logrado esclarecer la participación directa (o indirecta) del gobierno de Estado, quedando entre dicho los autores intelectuales de los crímenes cometidos en el departamento Norte de Santander.  

Entre 1980 y 2006, las AUC, utilizaron técnicas de asfixia, ahogamiento; sevicia: a gran escala, en algo más de 15 de los 32 departamentos de Colombia.

Memorias de libertad

A dos décadas del espiral de la violencia, la población de La Gabarra junto autoridades locales y regionales, líderes sociales y organismos internacionales se reúnen (cada año) para recordar y escuchar a las víctimas (de las tantas masacres en la subregión del Catatumbo) que reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición ante la indolente e insensible respuesta del Estado (Social de Derecho).

Prohibido Olvidar*

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